Macri busca ganadores de la era K , para que inviertan

Luego de muchos años (incluso décadas) de ignorar lo que verdaderamente sucedía con las facturas de servicios públicos que recibe el consumidor, un mérito del Gobierno es haber quitado el velo a los costos que se le aplican a los clientes. Muchos de ellos polémicos y, algunos, directamente bizarros. El Gobierno cree que dentro de estos costos hay además de incontrolables subsidios cruzados y aportes de recaudación rápida para las provincias y municipios; cierta connivencia con las empresas privadas que durante los años del kirchnerismo se beneficiaron indirectamente con este esquema de cobros sin control. En la mira hay empresas como Camuzzi, responsable de facturas como las que se distribuyen en parte de la provincia de Buenos Aires.

Mientras pasa la tormenta de estas semanas (Mauricio Macri está convencido que es una situación temporal), el Gobierno piensa el mediano plazo tarifario. Analiza comenzar a trabajar sobre parte de los impuestos nacionales, provinciales y municipales que afectan la generación y transporte de luz y gas; y que impactan en un 40% el costo final de la distribución. Pero en paralelo, el Ejecutivo (comenzando por el propio Presidente), quiere avanzar sobre los controles directos a las empresas privadas licenciatarias de servicios energéticos en los tres eslabones de la cadena; especialmente en aquellos casos en los que están presenten en los dos extremos de las bandas y que durante los 12 años del kirchnerismo recibieron megamillonarios subsidios. A estos será a los que primero se los "convocará" para que cumplan a rajatabla con los planes de inversiones prometidos. Y sin excusas.

Macri tomó la decisión personal de defender a sangre y fuego la política de ajuste tarifario; aún a cambio de una pérdida de imagen en su Gobierno. Y aunque el mantenimiento de esa posición haga repensar parte de la estrategia electoral para el 2019. Sin embargo el Presidente, tal como adelantó ayer este diario, tomó también la decisión de terminar con el plan de ajustes ideado originalmente por Juan José Aranguren, y comenzar a trabajar con ideas que habían sido barajadas entre octubre y noviembre del 2015. Los avances sobre los impuestos provinciales y municipales, y la evaluación fiscal de próximos ajustes nacionales; son los primeros movimientos de este cambio de expectativas. Macri está convencido que al final de la batalla energética, los mercados y la clase política verá como haber permanecido firme en las decisiones de ajustar los precios de las tarifas, con la consecuente reducción del déficit fiscal a menos de 3% este año; traerá el reconocimiento en los decisores económicos. En otras palabras, para el jefe de Estado, se trata de una manera de demostrar que está convencido de una política de Estado y que puede mantenerla aún en circunstancias negativas.

El jefe de Estado está convencido que vencerá en la pulseada política, aún con un desgaste personal; pero que en el mediano plazo saldrá fortalecido. Y que será el momento de pensar en lo que viene. Incluso en el capítulo tarifario. Sobre lo primero que se trabajará es en el 40% de impuestos que se cobran a la generación y transporte energético, y que ya recargan al comienzo del proceso un sobrecosto importante. Entre otros tributos se aplican en esa primera instancia el IVA (nacional), contribuciones provinciales, ingresos brutos, aplicación de la ley 7.290 del Impuesto al servicio de electricidad (en Buenos Aires), ley 8018 (graba la generación para financiar el servicio final a pymes) además de los aportes municipales. En total la "pelota tributaria" aplicada al principio de la cadena energética llega al 40%. A eso se deben sumar los polémicos impuestos que se aplican al finalizar la cadena y que son los que se le informan al consumidor final (ver factura en esta página). En total, y según analistas tributarios privados, las boletas finales que le llegan a los residentes alcanzan el 45% final promedio.

En un segundo momento en la mira del Presidente están las empresas que durante el kirchnerismo recibieron subsidios por más de 5.000 millones de dólares; y que, a los ojos de la Casa de Gobierno, no habrían invertido en los últimos años lo que en las conversaciones previas a la asunción de Macri se había conversado con los hombres de Cambiemos. En algún momento de la campaña, los empresarios ahora en cuestionamiento, habían prometido inversiones rápidas por u$s10.000 millones para los primeros dos años. Eran los tiempos en los que el Presidente aseguraba en la campaña que con su sola llegada al poder, llegarían capitales de manera inmediata sólo por la confianza que generaría en los potenciales inversores la asunción de Macri. Esto no sucedió. Y la explicación de los privados fue que se debía esperar a que las reglas de juego prometidas se cumplieran. En términos de los servicios públicos, que comenzaran a aumentar las tarifas y que estos incrementos se mantuvieran en el tiempo. Recién en ese momento las empresas estarían en condiciones de salir a tomar deuda en el exterior en divisas para inversiones en infraestructura. En un primer momento los hombres de Cambiemos "compraron" la versión. Sin embargo, en los últimos tiempos, la percepción cambió. El dato que hizo modificar el clima fue el dato sobre la enorme maraña de subsidios recibidos durante el kirchnerismo. Para muchos analistas del Gobierno con llegada al Presidente, fueron ganancias encubiertas y disfrazadas de subsidios que hoy las compañías extrañan como sistema.