Normativa. Preocupación por decreto que limita el acceso a la información pública

 Esta normativa, según organizaciones como ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), introduce disposiciones que retroceden en la garantía de este derecho fundamental, poniendo en peligro la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

Las principales preocupaciones giran en torno a la creación de nuevas excepciones que limitan el acceso a la información en poder del Estado, y la introducción de términos vagos que otorgan una amplia discrecionalidad a los funcionarios para decidir qué datos deben ser divulgados y cuáles no.

Entre las modificaciones más críticas se destacan la posibilidad de sancionar a solicitantes de información bajo la acusación de "mala fe", la inclusión de la categoría de "datos de naturaleza privada" sin una definición clara, y la eliminación de disposiciones que equilibraban el derecho a la privacidad con el interés público.

ACIJ advierte que estas modificaciones no solo vulneran los principios de máxima divulgación y presunción de publicidad, esenciales para la transparencia en una democracia, sino que también incumplen los compromisos internacionales del país.

Por ello, solicitan al Presidente y al Jefe de Gabinete que deroguen el decreto para garantizar que el derecho de acceso a la información pública sea plenamente respetado y no restringido.