Corrientes. Piden que se declare la emergencia en Discapacidad

El colectivo de discapacidad en Argentina atraviesa una situación crítica. A raíz de retrasos en los pagos, recortes en las prestaciones y falta de cobertura médica, prestadores y familias alzan la voz para exigir que se declare la emergencia nacional en discapacidad.

“Queremos concientizar a todo el colectivo de discapacidad sobre la situación que estamos atravesando. Hay retrasos de pagos de más de 8 o incluso 10 meses. Las autorizaciones para 2025 aún no han sido emitidas y, mientras tanto, nuestros pacientes ven cómo se reducen drásticamente sus tratamientos: de seis sesiones autorizadas, hoy solo se permite una”, señaló Barriola.

A la crítica situación financiera se suma un problema estructural: la pérdida de cobertura de salud. “Varios pacientes han sido dados de baja porque el gobierno dejó de subsidiar el monotributo social. Muchos no tienen un trabajo estable y quedaron fuera del sistema, no solo sin prestaciones, sino sin acceso a salud en general. Muchos de ellos tienen enfermedades de base y requieren medicación, controles médicos y tratamientos que hoy no están cubiertos”, explicó la directora.

Barriola remarcó que la discapacidad ha sido históricamente postergada. “Siempre fue un área olvidada. Los gobiernos anteriores tampoco hicieron mucho. Con el gobierno de Macri, al menos las partidas llegaban directo al prestador, sin intermediarios. Pero desde la pandemia, la situación empeoró, y con este gobierno la crisis se profundizó. En lo que va del año, solo hemos recibido un 0,5% de aumento en las prestaciones”, denunció.

Uno de los ejemplos más alarmantes tiene que ver con el servicio de transporte para personas con discapacidad. “Nos pagan 500 pesos por kilómetro cuando la nafta supera los 1500 pesos. Es imposible sostener así las prestaciones. Los valores no están actualizados ni se ajustan a la inflación. Esto pone en riesgo la continuidad de atención de miles de personas”.

Ante este panorama, desde el sector están reclamando que se declare la emergencia nacional en discapacidad, lo que permitiría redireccionar partidas presupuestarias hacia este sector. El próximo 23 de abril se llevará a cabo una sesión clave en el Congreso para tratar esta ley.

“Esperamos que diputados y senadores den quórum y la ley sea aprobada. Que no sea vetada por el presidente, porque esta normativa es fundamental no solo para los prestadores, sino también para las familias que están luchando día a día para sostener los tratamientos de sus hijos”, concluyó Barriola.