Reclamo salarial. Trabajadores judiciales amenazan con apagón informático

Un grupo de trabajadores judiciales se ha congregado en la intersección de las calles Pellegrini y Salta para llevar a cabo un reclamo salarial que busca visibilizar una problemática de larga data: la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido desde 2018. La manifestación, organizada por la Unión de Empleados de la Justicia en la Nación, evidenció la creciente frustración entre los empleados que, según sus representantes, están muy por debajo del salario mínimo vital y móvil.

"Desde el año 2018 venimos arrastrando una pérdida salarial que supera el 70%", manifestó a Radionord Castillo, enfatizando que el sueldo promedio de un empleado judicial apenas alcanza el millón de pesos, un monto que queda muy por debajo de la canasta básica familiar.

El último ajuste salarial, que se concretó en marzo de 2025 con un incremento del 13%, se evaporó rápidamente bajo la presión de la inflación, lo que ha llevado a los trabajadores a solicitar un aumento del 15% retroactivo a mayo. “Lo que pedimos es una recomposición que nos permita no seguir perdiendo, estamos a la espera de respuestas”, añadió Sarmiento.

Los empleados judiciales argumentan que, conforme al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, deberían recibir igual remuneración por igual tarea, y exigen ser equiparados con sus colegas federales y de otras provincias. "Hoy por hoy, un empleado judicial de Corrientes está muy por debajo del promedio nacional", recalcaron los representantes gremiales.

Durante la protesta, que se desarrolló de manera pacífica frente al Superior Tribunal de Justicia, los trabajadores advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable en los próximos días, implementarán un "apagón informático", una medida que consistirá en suspender las actividades administrativas durante una hora al día hasta que sean escuchados.

Además, anunciaron que el 14 de junio se sumarán a una multisectorial junto a docentes autoconvocados para reivindicar la mejora salarial de todos los empleados públicos de la provincia.